En Colombia, el impacto del conflicto armado en los procesos educativos se ha reflejado de manera significativa en los territorios rurales, lo cual se refleja en el acceso y la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. El 44% de la población campesina está en situación de pobreza multidimensional, el 98.3% de los afrocolombianos, está en situación de desplazamiento el 13.8 de los niños entre 12 y 15 años en la zona rural, no asisten a educación secundaria, el 5.1% de personas de 17 años alcanzó algún tipo de educación en el contexto rural, el 4.2 de la población indígena tiene acceso a educación preescolar. Estos datos reflejan las mínimas posibilidades de la población rural para acceder al sistema educativo, y las limitadas condiciones para su permanencia en el mismo.

De acuerdo con el informe “Tejer ideas, reflexiones sobre la educación en Colombia 2010 – 2018”, el balance de la educación y de las instituciones escolares en los territorios rurales es poco alentador. Por una parte, la afectación de sus pobladores, por hechos atroces es un factor determinante en la escuela rural, ejemplo de ello, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes que asciende a 16.879 personas. En el mismo informe, se toman datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Gobierno de Colombia, 2018) “en donde se explicita que en Colombia, los niños, niñas y adolescentes representan más de la tercera parte de la población víctima del conflicto armado con 2.237.049 de víctimas directas (49 % de ellas niñas), lo que equivale aproximadamente a la población total de una ciudad como Medellín”. (Fundación empresarios por la educación , 2018, p. 16).

Según la presentación mensual del ICBF sobre el Programa de Atención Especializada para el Restablecimiento de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito que se han desvinculado de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, entre el 60 % y 70 % de los niñas, niños y adolescentes desvinculados, son hombres.

Derivado de los hechos atroces, el desplazamiento ocupa cifras preocupantes, según el Registro Único de Víctimas (2017) alrededor de 813.080 son víctimas pertenecientes a la etnia de los negros o afrocolombianos, raizales y palenqueros, principalmente afectados por el fenómeno del desplazamiento forzado.

En segundo lugar, la afectación de la escuela como sistema educativo se vincula con la infraestructura y con los docentes que hacen parte de ella, de acuerdo con los datos expuestos en el informe, entre 1984 y 2014 aproximadamente 1.000 docentes fueron asesinados y 65 escuelas fueron afectadas directamente en su infraestructura.

En tercera instancia, la ausencia del Estado, en los contextos rurales se refleja también en los procesos educativos, la descentralización ha influido en la escasez de recursos, derivada en la inequidad en su distribución según las necesidades locales y situaciones como la corrupción.

Las condiciones enunciadas -entre otras- afectan el acceso a una educación y a la vez, inciden en el debilitamiento del campo y las condiciones de vida en las zonas rurales.