Durante más de cinco décadas, en Colombia ha estado presente el conflicto armado interno, por el cual de acuerdo con el Centro de Memoria Histórica (2013) entre 1958 y 2012 han muerto aproximadamente 220.000 personas. El conflicto se ha relacionado con diversas causas, la principal, la lucha por el territorio. Los primeros conflictos por la tierra, se relacionaron con la tenencia, el despojo, y la apropiación violenta, a estos, se suman en la actualidad los cultivos ilícitos, el narcotráfico, los modelos agroindustriales inequitativos y las alianzas criminales. Los factores enunciados, aunados a otros factores de carácter social y político las dificultades en la participación, la polarización, la limitada presencia del Estado en algunas zonas, y el debilitamiento de la democracia, han traído como consecuencia diversos hechos bélicos generados por grupos armados ilegales, grupos militares y paramilitares, trayendo como consecuencia 13 hechos victimizantes establecidos desde la Ley 1407 de 2011, entre los cuales se encuentran las minas antipersonales, desapariciones, masacres, desplazamientos, hostigamientos, reclutamientos -entre otros-, que han afectado a diversos miembros de la sociedad, y particularmente a las comunidades rurales asentadas en los territorios.
La afectación no es un hecho menor, en tanto, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo “el 32% de los colombianos son pobladores rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales” (2011, p. 16). A pesar de que los territorios rurales hacen parte importante del paisaje físico, histórico, social, cultural, político y económico del país, han estado poco presentes en las preocupaciones estatales, de allí que dichos territorios hayan sido los directamente afectados por el conflicto armado.
Ante el panorama descrito, se han construido diversos informes, proyectos y propuestas por parte de organizaciones nacionales e internacionales que dan a conocer el estado de la ruralidad, el impacto del conflicto y en ocasiones establecen estrategias y acciones por desarrollar. De manera concreta, en el Acuerdo de paz firmado entre las FARC EP y el Estado colombiano (Oficina del Alto comisionado para la paz, 2016), se enfatiza en la importancia de los derechos de las mujeres, los grupos sociales vulnerables entre los que se enuncian los niños, niñas y adolescentes, y grupos sociales como los indígenas, afrodescendientes, campesinos y campesinas. El acento otorgado a los derechos de las poblaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas se vincula con su asentamiento, en territorios rurales.
En tanto los territorios se constituyen por dinámicas y relaciones que se establecen entre sujetos, instituciones, organizaciones que confluyen culturalmente en un espacio físico, el conflicto afecta a los niños, niñas, adolescentes, adultos que allí interactúan, así como a los espacios que se constituyen en nicho para el diálogo, el encuentro, y en muchas ocasiones la acogida, entre dichos espacios está la escuela, asumida por Boix (2003) como un “símbolo de lo local”. Es así como, el conflicto en los territorios rurales ha tenido impacto en los grupos sociales, en la construcción del tejido social, y en la posibilidad de asumir un derecho fundamental: la educación.
De esta manera, es relevante el acercamiento al impacto del conflicto en la ruralidad, en los niños, niñas, jóvenes y adultos que la configuran y en sus espacios educativos, acudiendo a diversas narrativas, entre las cuales las voces, el timbre, la explosión, el grito, el silencio, el llanto y la risa, convergen y se convierten en medios para evocar pero también de construir posibilidades para volver a habitar, para dialogar y para elaborar opciones de reconciliación y reparación.