La libertad de cátedra, consagrada en el artículo 27 de la Constitución Política de Colombia, junto con las libertades de enseñanza, aprendizaje e investigación, es el derecho garantizado constitucionalmente a todas las personas que realizan una actividad docente.

Este es el primer elemento diferenciador: El destinatario de la libertad de cátedra es el docente. El profesor, conocedor de su materia y preparado en el área, es libre de escoger el sistema que guiará el desarrollo del curso y determinará la forma de evaluación, conforme a las disposiciones que reglamentan la actividad educativa.

La libertad de cátedra así consagrada se manifiesta en tres direcciones:
En un primer momento, se refiere a la relación entre el centro educativo y el profesor, en el sentido de que el docente no puede ser obligado a enseñar de una determinada manera o sobre unos determinados conocimientos en desmedro de otros.

En segundo lugar, hace referencia a la relación entre el profesor y el alumno, que está presidida por la facultad que tienen profesor y estudiante de tratar los temas sometidos a estudio en completa independencia frente a imposiciones o condicionamientos ideológicos o doctrinarios.

En tercer lugar, contempla la garantía de independencia y autonomía que tiene el profesor para calificar, atendiendo a los procesos de evaluación definidos por la institución (reglamento) y a los criterios previamente señalados ante el grupo de estudiantes.

La libertad de cátedra, al garantizar la libre circulación de las ideas en el aula de clase sin injerencias externas para profesores y estudiantes, apela a la responsabilidad del docente y a su compromiso académico, en el sentido de no utilizar la cátedra para hacer proselitismo o convertirla en plataforma de sus intereses particulares.

La cátedra no es espacio para propiciar el “opinionismo”, tan socorrido cuando se trata de ocultar la ignorancia sobre algún tema o para estimular la pereza intelectual de estudiantes y profesores, por cuatro razones: la opinión no es conocimiento científico, todos tenemos opiniones, todas las opiniones son válidas a la luz de los Derechos Humanos y la opinión no es calificable.

Instituciones académicas, padres de familia y estudiantes parten de la convicción de que el profesor siempre actúa con rigor académico y científico, que habla como especialista y no como profeta o demagogo.

El marco de la libertad de cátedra es el aula de clase en desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Los actos institucionales y demás eventos protocolarios de una institución académica, situados por fuera de la relación docente-alumno, están presididos por la autonomía para escoger temas y conferencistas y para defender su proyecto institucional, porque además son de libre asistencia para el público.